Boletín
Chilpancingo, Gro., Junio 27.- El diputado Arturo Álvarez Angli presentó una iniciativa para reconocer como un derecho constitucional el de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada, sustituyendo en la legislación local el concepto de “toda familia” por el de “toda persona”, así como el de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La iniciativa, que reforma la fracción III del numeral 1 del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, tiene como propósito armonizar el marco jurídico estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar este derecho de manera universal e individual, garantizando que cualquier persona pueda acceder a una vivienda adecuada, sin importar su estado civil o modelo familiar.
El legislador señaló que resulta necesario actualizar la terminología vigente para eliminar las limitaciones jurídicas asociadas al concepto de “vivienda digna y decorosa”, al considerarlo ambiguo. Explicó que el término “vivienda adecuada” se encuentra respaldado por estándares internacionales que establecen condiciones concretas relacionadas con la seguridad, habitabilidad, accesibilidad, disponibilidad de servicios, asequibilidad y ubicación.
Álvarez Angli destacó que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han definido que una vivienda adecuada debe garantizar protección jurídica frente a desalojos, acceso a servicios básicos, infraestructura suficiente, condiciones de seguridad y respeto a la identidad cultural de las personas, elementos indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado.
Agregó que mantener una redacción distinta en la Constitución local limita la eficacia del derecho a la vivienda y dificulta su implementación conforme a los principios de progresividad y protección de los derechos humanos.
Por ello, consideró indispensable homologar el texto de la legislación estatal con el marco constitucional federal y con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.