IRZA
Acapulco, Gro., A 45 días del ataque armado perpetrado contra trabajadores en paro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), frente a las instalaciones de la Coordinación General de la Zona Sur, en la colonia Vista Alegre de Acapulco, que dejó como saldo una mujer fallecida y dos personas heridas, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el presunto responsable fue detenido, al que sólo identificó como Adrián “N”.
La FGE informó que la captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de control.
Las indagatorias señalan que el imputado presuntamente participó en el ataque y posteriormente huyó del lugar.
Tras la ejecución de la orden de aprehensión, Adrián “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
El ataque ocurrió alrededor de las 19:01 horas de la citada fecha sobre la calle Río Balsas, esquina con Río Coyuca, detrás de una tienda de autoservicio y frente a las instalaciones de la Coordinación de la Zona Sur de la UAGro, inmueble que permanecía tomado por trabajadores del Laboratorio de Análisis Clínicos en demanda de atención a diversas problemáticas laborales.
En la agresión perdió la vida Ivonne Hernández Nava, mientras que Ángela Cantú Martínez y Flaviano Herrera Mejía, este último delegado sindical, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Según el reporte ministerial, las personas lesionadas manifestaron que días antes del ataque presuntamente fueron amenazadas por el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, el que, les habría advertido que si no retiraban el plantón “se atuvieran a las consecuencias”.
Asimismo, declararon que el día de la agresión un hombre de complexión delgada, que vestía playera blanca, pantalón de mezclilla y cubrebocas, llegó al lugar y abrió fuego sin mediar palabra contra quienes participaban en la protesta.
Los trabajadores mantenían tomadas las instalaciones universitarias para exigir la reinstalación de empleados despedidos, a quienes consideran víctimas de ceses injustificados sustentados en acusaciones fabricadas. También demandaban el respeto a sus derechos laborales y el cese de prácticas que calificaban como represivas.
Entre sus principales denuncias destacaba la falta de equipamiento e insumos en distintas áreas universitarias, particularmente en el Laboratorio de Análisis Clínicos, el cual, según los paristas, operaba apenas al 10 por ciento de su capacidad debido a la carencia de reactivos y equipo especializado.
Según los manifestantes, esta situación incluso había derivado en la expedición de certificados médicos sin estudios previos, lo que representaba un riesgo para la comunidad universitaria.