Juan Manuel Molina
Chilpancingo, Gro., La representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) incurre en omisiones para identificar a personas desaparecidas, por lo que señaló que las propias familias han tenido que asumir las labores que le corresponden a la autoridad.
En declaraciones, Gil Guzmán destacó el caso de Luis Alberto Vargas Narciso, desaparecido en 2019 en Ayutla, cuyo cuerpo dijo, permaneció durante años sin ser identificado pese a que fue localizado con su credencial de elector.
La activista explicó que desde 2021 el colectivo recibió un listado de personas sin identificar y comenzó a revisar los casos.
Explicó que fue así como encontraron información que permitió ubicar a la familia de Luis Alberto, la cual desconocía que sus restos se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo).
“Si la fiscalía hiciera su trabajo e identificara a las personas, nos ahorraría mucho trabajo y, sobre todo, mucho dolor”, expresó.
Gil lamentó que la madre de Luis Alberto falleciera sin conocer el paradero de su hijo, ya que durante años mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida.
Agregó que incluso ahora aún están pendientes pruebas de confronta genética para confirmar la identidad de los restos.
También criticó el incumplimiento de acuerdos de parte del fiscal general del estado Zipacná Jesús Torres Ojeda.
Asimismo, adelantó que integrantes de la colectiva participarán el próximo 11 de junio en una marcha nacional de madres buscadoras en Ciudad de México, que partirá de la Central de Taxqueña hacia el Estadio Banorte.
Para ello, mencionaron que llevarán a cabo actividades para pedir ayuda de la población para cubrir gastos de traslado.
Aclaró que la movilización no está en contra de la Copa Mundial de Futbol, sino “de la decisión de los gobiernos de priorizar recursos para ese evento mientras, afirmó, se mantienen rezagos en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.
Denunció que las jornadas de búsqueda fueron suspendidas y reprogramadas hasta mediados de julio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que, dijo, retrasa aún más los procesos para encontrar a sus familiares.