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Ciudad de México, Ciudades como Chihuahua, Xalapa, Culiacán, Pachuca, Hermosillo, Toluca, Tabasco, Saltillo, Chilpancingo, Nayarit, Morelia, Puebla, Tijuana, entre otras, se unieron a una marcha para exigir igualdad para los padres en los procesos legales.


Al grito de “Soy papá, no criminal”, decenas de padres denunciaron que hay leyes que se convierten en “terrorismo institucional” contra ellos, como la Ley Alina, que permite la legítima defensa en casos donde la víctima haya sufrido previamente violencia feminicida.


Además, señalaron que con falsas denuncias destruyen vidas de los papás y rechazaron el reconocimiento a las infancias trans.


Gerardo Peraza, vocero del colectivo en Sinaloa, informó que la movilización forma parte de una convocatoria internacional en la que participan diversas organizaciones como el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y asociaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos de la niñez.


Entre las principales demandas, destacó la creación de una figura jurídica que reconozca afectaciones hacia padres en casos similares a la violencia vicaria, así como la inclusión de hombres en estadísticas oficiales sobre violencia.


“Nos reunimos por los derechos de los niños. Creemos que se está dejando de lado el interés superior del menor al privilegiar automáticamente a uno de los padres”, señaló.


En su caso, contó tener cinco meses sin convivir con su hija, pese a haber aprobado evaluaciones psicológicas y sociales. “No hay una instancia que obligue a garantizar la convivencia mientras el proceso legal sigue su curso, y eso puede tardar años”, expresó.

En las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa se congregaron alrededor de 10 personas con la misma exigencia, con pancartas en mano con mensajes como “Soy papá no criminal”, “Los hijos no son moneda de cambio”, “Te amo Cris, te amo Franco”.

“Lo que pedimos es que sean estrictos, así como a nosotros a los padres que damos pensión se nos exige y castiga cuando no es así, que también cuando hay alguna obstrucción parental, se castigue y que sea justo”, declaró Enrique Reyes.

El padre dijo que está por cumplir cuatro años sin poder tener contacto con su hijo, por lo que incluso decidió desistir de continuar con un juicio, puesto que él está por cumplir la mayoría de edad y le ha expresado que no quiere convivir con él.

“Lo único que pedimos es piso parejo, que se castigue igual a la persona que obstruye al menor y así como nos exigen a los padres que damos pensión, también se castigue de alguna manera a las personas que obstruyen la convivencia y hacen denuncias falsas a los padres de sus hijos”, agregó.

En Pachuca, más de 50 personas marcharon para visibilizar las “desigualdades” que enfrentan hombres en el sistema de justicia, particularmente en casos relacionados con denuncia de familiares.

De acuerdo con la representante del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, María del Carmen Barranco Escobedo, la mayoría de las carpetas investigación en contra de los denunciados en Hidalgo es por supuesta violencia sexual, pensión alimentaria y abuso familiar.

Entre los casos más graves, dijo, se encuentra la de una persona en prisión desde hace tres años debido a que le piden 150 mil pesos de pensión mensual, lo que consideró como una extorsión y motivo por el cual está en prisión.

En Chihuahua, Raúl Durón, uno de los manifestantes, informó que se presentó un documento ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en el que se solicita la creación de una figura jurídica homologada o paralela para conductas equivalentes a la violencia vicaria cuando la víctima sea varón.