Por: Ricardo Castillo Barrientos
El tema del “Acamoto” ha despertado gran controversia, en contra y a favor, con descalificativos al por mayor; sin embargo, pasan por alto argumentos contundentes en torno a actividad turística, con una fuerte derrama económica, mientras otros lo ven obra del demonio.
Como dice el refrán popular: “Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre”, debiéndose guardar un cierto equilibrio o raciocinio entre ambas posiciones, sin olvidar que Acapulco es un reconocido destino turístico y la libertad de tránsito como derecho constitucional.
El Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad de tránsito, permitiendo a toda persona entrar, salir, viajar y mudar de residencia dentro del territorio nacional sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad o salvoconducto. Este derecho fundamental se puede ejerce libremente sin permisos previos, sujeto a restricciones por autoridades judiciales o administrativos en casos de responsabilidad criminal, salud pública o migración.
Ha sido por demás evidente que durante el “Acamoto” se registra diversidad de incidentes, algunos de alta peligrosidad, ocasionó el fallecimiento de ocho personas en el 2025. Sin duda, tiene desventajas por las molestias a la población y turistas; la proliferación de basura en la principal avenida; consumo de alcohol y drogas; desfiguros sexuales; actos de violencia; accidentes y atascos viales; sustracción de mercancías a establecimientos comerciales, etc.
Después del evento del año pasado, en la plataforma Changue,org., se difundió la iniciativa de cancelación del “Acamoto en Acapulco”, alcanzando una cifra casi a los 20 mil firmantes, quienes consideran se incrementa la violencia y el consumo de sustancias ilegales. Además, la contaminación que degrada la calidad de vida. “Es imperativo poner nuestra seguridad y salud, así como el respeto por el medio ambiente por encima del entretenimiento temporal…”
Muchas voces se han dejado escuchar en estos días, sensatas y prudentes unas, desproporcionadas otras. Por eso llama la atención las declaraciones del diputado federal acapulqueño, Irugami Perea Cruz, cuyo certero planteamiento aborda de manera firme los aspectos medulares de como se debe atender y resolver la problemática en torno al cuestionado evento:
El legislador manifestó que el evento del “Acamoto” se ha consolidado como una concentración de gran magnitud que atrae a miles de motociclistas, por lo que resulta indispensable anticipar acciones conjuntas entre autoridades federales, estatales y municipales.
“Debemos partir de un principio fundamental: no se puede impedir el libre tránsito ni la libertad de reunión. Son derechos consagrados en nuestra Constitución y deben ser respetados. Sin embargo, eso no significa ausencia de orden, al contrario, obliga a las autoridades a actuar con mayor responsabilidad y coordinación”, expresó.
Irugami Perea considera que el reto no es restringir, sino organizar, prevenir y garantizar condiciones seguras para todos. Propuso la implementación de operativos integrales de movilidad, protección civil, seguridad pública, servicios médicos, servicios públicos y regulación y control de espacios de concentración.
Asimismo hizo un llamado a reforzar la comunicación institucional y la difusión de medidas preventivas, así como establecer mesas de coordinación previas al evento que permitan definir, rutas, horarios, zonas de control y protocolos de actuación ante cualquier eventualidad.
El diputado federal reiteró que Acapulco necesita eventos que reactiven la economía y fortalezcan el turismo, pero siempre bajo esquemas de planeación que reduzcan riesgos y eviten escenarios de desorden.
“Acapulco” esta en una etapa de recuperación y consolidación. Eventos como el “Acamoto” pueden ser positivos si se gestionan adecuadamente. La clave es la coordinación, la prevención y el respeto a la ley”, concluyó.