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El Senado de la República aprobó en lo general el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 87 votos a favor y 41 en contra, en medio de un debate marcado por posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas.
La discusión se centró en cambios constitucionales relacionados con la revocación de mandato, la reducción del gasto público en órganos legislativos y electorales, así como ajustes en la integración de ayuntamientos. Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la posible eliminación de la revocación de mandato en 2027.
El dictamen propone modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, además de establecer disposiciones transitorias para su implementación.
Entre los principales ejes del proyecto destacan:
Fortalecimiento de la revocación de mandato como mecanismo de participación ciudadana.
Reducción de privilegios en organismos electorales federales y estatales.
Disminución del gasto en congresos locales y en el propio Senado.
Limitación del número de regidurías en los ayuntamientos.
La iniciativa fue enviada por la titular del Ejecutivo federal el pasado 17 de marzo a la Cámara Alta, donde comenzó su análisis en comisiones antes de pasar al Pleno.
Argumentos a favor: austeridad y participación ciudadana
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma tiene una “gran relevancia constitucional y democrática”.
El legislador sostuvo que el proyecto busca eliminar prácticas que, en su opinión, distorsionaron el servicio público durante años. “El poder ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad”, señaló.
Cantón Zetina también defendió la revocación de mandato como una herramienta efectiva:
“No es una concesión simbólica, sino un instrumento real para que el pueblo ejerza su soberanía”.
Además, indicó que la reforma impulsa una cultura política basada en la sobriedad, la responsabilidad y la cercanía con la ciudadanía.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, consideró que el proyecto redefine la forma en que se concibe el ejercicio del poder público.
El senador destacó que la democracia debe ser “permanente, viva y participativa”, y no limitarse únicamente a los procesos electorales. En ese sentido, afirmó que fortalecer la revocación de mandato refuerza el principio de que la soberanía reside en la ciudadanía.
Cambios en ayuntamientos y uso del presupuesto
El dictamen también contempla ajustes en la integración de los gobiernos municipales. De acuerdo con Inzunza Cázarez, estas modificaciones buscan evitar distorsiones en la representación política y orientar mejor los recursos públicos hacia las comunidades.
Asimismo, el proyecto incorpora el principio de austeridad republicana como eje del ejercicio gubernamental. El legislador subrayó que el uso del presupuesto debe responder a criterios de eficiencia, honestidad y justicia social.
Oposición rechaza el dictamen y pide revisión
Durante la sesión, la oposición intentó frenar la discusión mediante una moción suspensiva. El senador Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, solicitó devolver el dictamen a comisiones para un análisis más detallado.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Pleno con 77 votos en contra y 39 a favor, lo que permitió continuar con el proceso legislativo.
Debate por la revocación de mandato en 2027
Uno de los puntos más polémicos del Plan B gira en torno a la revocación de mandato prevista para 2027, tema que generó diferencias entre los grupos parlamentarios.
Mientras legisladores afines al proyecto defienden su fortalecimiento como mecanismo democrático, sectores de la oposición advierten posibles implicaciones políticas y cuestionan los cambios propuestos.
La discusión del dictamen continuará en lo particular, donde el Senado analizará reservas y posibles modificaciones antes de su eventual aprobación final.