Servicios AINI
Ciudad de México, La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen en lo general que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijado en 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos.
La aprobación se dio con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tras lo cual los legisladores iniciaron la discusión en lo particular del documento.
En la fundamentación del dictamen, la diputada de Morena, Haidyd Arreola, aseguró que la medida busca “corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones”.
“Las reformas constitucionales, a diferencia de las legislaciones ordinarias, pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes, cuando así lo determine el poder reformador, sin que ello implique una violación al principio de seguridad jurídica”, explicó la legisladora.
Durante la discusión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Cristina Márquez, cuestionó la equidad del dictamen y criticó la aplicación selectiva de la justicia en el gobierno federal.
“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, cuestionó Márquez.
La legisladora panista también criticó que ministros en retiro mantengan su haber de retiro vitalicio, mientras que otros servidores públicos se verían afectados por las modificaciones. “Menos aún cuando regalan a una dictadura 400 millones de dólares, contra los 5 mil que dizque van a ahorrarse por estos ajustes”, señaló.
Por su parte, Alejandro Domínguez, diputado del PRI, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley y vulnerar derechos adquiridos.
“Si permitimos que el Estado modifique derechos ya adquiridos, entonces estamos aceptando que ningún derecho en México está garantizado. Puede ser modificado en cualquier momento. Esto rompe la certeza jurídica, la confianza en el Estado y el pacto social”, afirmó.
El dictamen, que ahora avanza en la discusión en lo particular, busca equilibrar el gasto público en pensiones y establecer límites que, según sus promotores, corrigen desigualdades históricas, mientras que la oposición alerta sobre riesgos de afectación a derechos adquiridos y selectividad en su aplicación.