Boletín
Chilpancingo, Gro., Marzo 25.- La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) propuso exhortar al Poder Judicial del Estado para que presente al Congreso un informe detallado sobre las acciones que realiza para la instrumentación en Guerrero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.
Al presentar el exhorto, la diputada señaló que el Código en mención fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 y que en él se regulan los juicios familiares, civiles y de adopción, entre otros. Asimismo, establece un marco normativo único para estas controversias, impulsa la oralidad en lugar de los procesos escritos y homologa los procedimientos en estas materias en todo el país, modernizando la justicia civil y familiar.
Destacó que algunos de los ejes principales son la justicia digital y oral, pues todos los juicios podrán ser electrónicos, con firma electrónica, y fundamentalmente orales; así como el respeto a los derechos humanos, ya que prioriza la protección de grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de violencia y personas con discapacidad.
Mencionó que, de acuerdo con los artículos transitorios, el Poder Judicial y el Poder Legislativo del Estado deben considerar diversos aspectos, lo que representa un desafío institucional de gran alcance, ya que su adecuada operatividad no solo implica la armonización del marco normativo local, sino también la realización de ajustes estructurales en la organización judicial, la adecuación de infraestructura física y tecnológica, así como el diseño e implementación de programas integrales de capacitación y profesionalización del personal jurisdiccional y administrativo.
Por esta razón, la diputada consideró indispensable la adopción de acciones coordinadas, planificadas y progresivas que garanticen una transición ordenada y eficaz hacia el nuevo modelo de justicia civil y familiar, correspondiendo al Poder Judicial asumir un papel rector en la conducción de dichos esfuerzos, en estrecha colaboración con los demás poderes públicos y los diversos órganos involucrados.
En ese sentido, propuso el acuerdo, el cual fue turnado a la Comisión de Justicia para su dictaminación.