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Ciudad de México, Marzo 25.- El derrame de chapopote y petróleo que impacta las costas del Golfo de México es, además de una emergencia socioambiental, una crisis de transparencia y de rendición de cuentas, que vulnera el derecho de las comunidades costeras a un medio ambiente sano, advirtió Oceana México.
«A más de 20 días del primer reporte de chapopote en las costas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco, la autoridad no ha podido establecer la causa del derrame ni identificar responsables, mientras la información oficial sigue siendo contradictoria e insuficiente ante la magnitud del daño señalado por las comunidades», destacó.
Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, alertó que la opacidad en torno a este derrame genera impunidad.
«Sin claridad sobre quiénes son responsables, las causas del accidente y sus afectaciones, resulta imposible que las autoridades competentes rindan cuentas, diseñen estrategias de atención efectivas y garanticen la reparación del daño a las comunidades”, señaló.
Renata Terrazas recordó que de acuerdo a la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, el derrame ha dejado un lamentable rastro de daño ecosistémico: muerte de tortugas marinas, manatíes, peces, pelícanos y delfines, además de afectaciones a los 17 arrecifes de coral y la invasión de chapopote en la Laguna del Ostión, ecosistema vital para nueve comunidades dedicadas a la pesca.
Subrayó que la evidencia científica sobre derrames previos advierte la magnitud del riesgo.
Según el reporte de Oceana «Un legado de destrucción: El desastre de Deepwater Horizon 15 años después», los efectos de los derrames de hidrocarburos pueden persistir durante años o décadas debido a la acumulación de contaminantes en tejidos de organismos marinos y en sedimentos costeros, con consecuencias directas sobre la biodiversidad, la productividad pesquera y la seguridad alimentaria de quienes dependen del mar.
Ante esta situación, Oceana exhortó al gobierno mexicano a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional transparentes, ágiles y vinculantes, y a adoptar las medidas estructurales necesarias para que el Golfo de México nunca más enfrente una crisis como esta sin responsables, sin información clara y sin justicia.
“El Golfo de México y sus comunidades costeras no pueden seguir siendo tratados como una zona de sacrificio ambiental, un territorio donde los derrames de hidrocarburos suceden sin consecuencias, mientras miles de familias pesqueras e indígenas pagan con su salud, su sustento y su patrimonio cultural el costo de una riqueza que no les pertenece.
Es momento de replantear el modelo de desarrollo del Golfo de México y asegurar la no repetición de casos como éste”, remató Renata Terrazas.
Derrames en el Golfo de México
En 1979, el pozo Ixtoc-I vertió aproximadamente 560 millones de litros de crudo durante 280 días, afectando ecosistemas y actividades pesqueras desde Campeche hasta Texas.
En 2010, la plataforma Deepwater Horizon derramó cerca de 4.9 millones de barriles de petróleo en 87 días, provocando la muerte masiva de fauna marina, afectaciones en al menos 22 poblaciones de cetáceos y la contaminación de miles de huevos de tortugas marinas.
En mayo de 2025, Tabasco vivió su segundo año consecutivo con derrames de hidrocarburos frente a las costas de Paraíso.
En octubre de 2025, la Secretaría de Marina (Semar), activó el Plan Nacional de Contingencias Nivel III ante un derrame en el Río Pantepec-Tuxpan.
Marco legal
El marco jurídico mexicano establece en los artículos 4°, 27 y 73 de la Constitución, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y la Ley del Sector Hidrocarburos, que es obligación del Estado regular, monitorear, investigar y sancionar los vertimientos de hidrocarburos en aguas nacionales, y garantizar que los responsables —públicos o privados— reparen los daños causados.