El Plan B de la reforma electoral y su impacto en Guerrero
Por: Marcial Rodríguez Saldaña
Al no aprobarse la propuesta inicial de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, a causa de los intereses de líderes y cúpulas de los partidos políticos que se opusieron, ha enviado una nueva iniciativa que se orienta a combatir los excesos en gastos en organos de representación política y en instituciones electorales
1.La Cuarta Transformacion en México ha avanzado significativamente en el cambio de modelo económico y social, pero falta el régimen político. Queda pendiente como parte de la agenda pública nacional, la reforma al Poder Legislativo Federal, como la reducción de sus integrantes, la forma de elección y la reducción del derroche de dinero que gastan los partidos políticos.
El Plan B, contiene entre sus propuestas, evitar el gasto excesivo y los privilegios en los Congresos de los Estados.
De acuerdo con diversos estudios, existe una disparidad en lo que el pueblo paga por cada diputado, así entre los más elevados se encuentra Baja California, en donde cada legislador cuesta 34.8 millones de pesos al año -2 millones 650 mil pesos mensuales-; el más bajo es el de Colima, en donde cada integrante del Congreso cuesta 5.1 millones de pesos anuales -425 mil pesos mensuales-.
En el caso del Estado de Guerrero, a pesar de que hay muchas necesidades básicas del pueblo y en está ubicado en el lugar 18 en trabajo legislativo, en el gasto por diputado se encuentra en el sexto lugar en el país debido a que se eroga por cada uno 17 millones de pesos anuales; ya en el desglose especifico, cada legislador recibe directamente 369 mil 565 pesos mensuales para gestoría, asesoría y salarios.
Las y los legisladores locales tienen derecho a recibir una renumeración moderada de acuerdo a la política de austeridad republicana y a contratar los servicios de especialistas en derecho parlamentario que les asesoren para la presentación de reformas legislativas de trascendencia para beneficio del pueblo, de tal manera que produzcan más iniciativas y menos exhortos rutinarios.
La iniciativa presidencial propone que como máximo se asigne a los Congresos Locales el 0.7 del presupuesto estatal. En el caso de Guerrero, de un presupuesto estatal de 87 mil 395 millones de pesos en este año, se le asignaron al Poder Legislativo mil 25 millones 437 mil pesos -el 1.17 por ciento- por lo que de aprobarse la propuesta recibiría 611 millones, con ello habría un ahorro anual de 414 millones, 2 mil 484 millones, en seis años. Con estos recursos se podrían atender muchas demandas sociales.
- El Plan B propone reordenar la integración de los cabildos en donde existe una disparidad, aquí entre los de mayor número de regidores estan los de Monterrey con 28 y Puebla con 23. En el caso de Acapulco, llegó a tener 28 regidores, tuve el honor de ser el primer síndico en el periodo 2002-2005 y presentar una iniciativa que fue aprobada por el Cabildo y luego por el Congreso del Estado, para que se redujera al número a 20 que tiene actualmente.
Con la reforma, se propone que de acuerdo al número de habitantes en cada Ayuntamiento del país, puedan tener un síndico, como máximo 15 y como mínimo 7 regidores, cuidando la paridad de genero.
De acuerdo con el censo del INEGI del 2020, la población de Acapulco es de 779 mil 566 habitantes, por lo que de aprobarse la propuesta, tendría entre 11 y 13 regidores.
Los congresos locales han sido siempre objeto de control por parte de los gobernadores de los Estados, para ello, en los gobiernos neoliberales existía la costumbre de pagarles un bono especial -maiciar a los diputados- cada vez que aprobaban el presupuesto y la cuenta pública o una iniciativa de interés especial; todavía en muchos de ellos, se mantiene la práctica de apoyo en gestión de obras públicas, al igual que en los cabildos.
Existen casos en los Congresos Locales y Ayuntamientos, en donde hay personajes que viven de la política, del dinero del pueblo, se reeligen en varias ocasiones – sus familiares y/o empleados-, como un modus vivendi. - Los organos electorales, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, los Magistrados de Tribunal Electoral Electoral Federal, los Consejeros de los Institutos Electorales Locales y los Magistrados de los Tribunales Electorales de los Estados, tienen derecho a recibir un salario y prestaciones decorosas, dentro de la austeridad republicana que se aplica en la nación, pero no a ingresos y gastos excesivos, por ello, el Plan B propone que se reduzcan los privilegios, las remuneraciones y gastos desorbitantes.
Es importante destacar, que los recursos que se ahorren como resultado de estas reformas, se destinarán a programas sociales para atender las demandas del pueblo, tanto en los Estados como en los Ayuntamientos.
Una crítica que se ha hecho a esta propuesta de reforma es que tiene un sello centralista y atenta contra el federalismo.
El federalismo fue anulado por los gobiernos represores, autoritarios y neoliberales, al concentrar todo el poder del Estado en el presidente de la República,quien designaba gobernadores, senadores y diputados federales, con algunas concesiones locales como el control de los Congresos de los Estados y de los Ayuntamientos, los cuales en reiteradas ocasiones actuaron con mucha irrreponsabilidad al endeudarse por corrupcion e ineptitud, contando con con la complicidad del gobierno federal.
El federalismo se revitaliza al impulsarse un reordenamiento financiero y de control de los excesos en los Congresos Locales y Ayuntamientos, para evitar conflictos por demandas sociales, las cuales cuando no las pueden resolver los gobernadores o presidentes mucipipales, acuden a la federación para que los resuelva. Lo fundamenal de la reforma se encuentra en poner alto a los privilegios y excesos y destinar el ahorro de esos recursos para las mecesidades del pueblo.
*Maestro Emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero
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