8M: LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES EN 2026, EN MÉXICO
Por: Alejandra Salgado Romero
“¡Amada Bandera de mi Patria! ¡Despliégate con toda libertad que ésta es tu casa!”
Catalina Pastrana
En México, el Día Internacional de la Mujer no debe ser sólo una conmemoración simbólica, sino un recordatorio de que los derechos de las niñas y mujeres siguen siendo un campo de lucha permanente. A pesar de los avances legislativos y del creciente reconocimiento social de la agenda feminista, la realidad cotidiana de millones de mexicanas revela profundas brechas de desigualdad que atraviesan la seguridad, la economía, la educación y el acceso efectivo a la justicia.
Las cifras oficiales permiten dimensionar la magnitud del desafío. En el país, aproximadamente 10 mujeres son asesinadas cada día, una estadística que se ha mantenido prácticamente constante durante la última década. Tan sólo en 2025 se registraron 2,798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 fueron investigados como feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta realidad ha convertido a la violencia de género en uno de los principales desafíos de derechos humanos en México. Diversos estudios han demostrado que la violencia contra las mujeres adopta múltiples formas: psicológica, sexual, física y económica. En encuestas nacionales, la violencia psicológica alcanza prevalencias superiores al 50%, mientras que casi la mitad de las mujeres reporta haber experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.
La violencia no sólo se expresa en los casos más extremos. También se manifiesta en la persistente desigualdad estructural que limita las oportunidades de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social. Un ejemplo claro es la brecha salarial. En México, las mujeres ganamos entre 14% y 18% menos que los hombres por trabajo de igual valor, de acuerdo con estimaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI y análisis de organismos especializados. Otros análisis muestran que la desigualdad económica puede ser aún más profunda. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, por cada peso que gana un hombre, una mujer recibe aproximadamente 65 centavos, lo que revela una persistente inequidad en la distribución de ingresos dentro de los hogares mexicanos.
Las causas de esta brecha son estructurales: la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados, la discriminación laboral y los estereotipos de género que continúan influyendo en las decisiones de contratación, promoción y remuneración. La economía feminista ha señalado durante años que el trabajo no remunerado realizado por las mujeres, -cuidar niños/as, personas mayores o enfermas, administrar el hogar-, constituye uno de los pilares invisibles que sostienen a la sociedad. La desigualdad comienza desde edades tempranas. Las niñas y adolescentes enfrentan condiciones que anticipan las brechas que vivirán en la adultez. En 2024, alrededor de 1.5 millones de niñas y adolescentes en México presentaban rezago educativo, mientras que más de 3 millones carecían de acceso adecuado a servicios básicos en la vivienda, según datos derivados de mediciones oficiales de pobreza multidimensional. Estas cifras reflejan que los derechos de las niñas no pueden separarse de las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad. En muchos casos, las niñas enfrentan además riesgos específicos de violencia, explotación o abandono escolar, fenómenos que limitan su desarrollo personal y social.
A pesar de este panorama, también es importante reconocer que México ha experimentado avances significativos en materia de derechos de las mujeres. Durante el último siglo, la participación femenina en la educación y el mercado laboral ha crecido de manera notable. Las mujeres, que a inicios del Siglo XX tenían tasas muy bajas de alfabetización, hoy representan una mayoría en la educación superior. Asimismo, el país ha avanzado en la construcción de un marco legal para combatir la violencia de género, incluyendo la tipificación del feminicidio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y diversas políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva. Sin embargo, la distancia entre la ley y la realidad sigue siendo una de las principales tensiones del proceso de transformación social.
La experiencia internacional y los estudios académicos coinciden en una conclusión contundente: la legislación por sí sola no basta para reducir la violencia o la desigualdad, si no se combate la impunidad y las estructuras culturales que la sostienen. Investigaciones sobre el impacto de las leyes de feminicidio en México señalan que, aunque estas normas son necesarias, no han logrado por sí mismas disminuir significativamente los asesinatos de mujeres cuando no se acompañan de políticas integrales y de sistemas de justicia eficaces.
En este punto resulta indispensable recuperar la voz de las pensadoras feministas que han reflexionado sobre la naturaleza profunda de la desigualdad. La filósofa francesa Simone de Beauvoir escribió una frase que sigue resonando décadas después: “No se nace mujer: se llega a serlo”. Con ello señalaba que las identidades y roles de género no son naturales, sino construcciones sociales que pueden transformarse. De manera similar, la escritora y activista Bell Hooks insistía en que “el feminismo es un movimiento para terminar con el sexismo, la explotación y la opresión sexista”, subrayando que la igualdad de género no es un privilegio para algunas, sino una condición necesaria para una sociedad verdaderamente democrática. Por su parte, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ha recordado que “todos deberíamos ser feministas”, porque la igualdad entre hombres y mujeres no sólo beneficia a las mujeres, sino que libera también a los hombres de las presiones de los estereotipos y amplía las posibilidades humanas de toda la sociedad.
Las marchas del 8 de marzo en México, -cada vez más numerosas y diversas-, reflejan precisamente esta conciencia colectiva. Miles de mujeres salen a las calles con una consigna que sintetiza una demanda histórica: justicia, seguridad y derechos plenos. Pero más allá de la movilización social, el desafío central sigue siendo cultural. Las leyes pueden establecer principios de igualdad, pero una ley que no se aplica, que no se respeta o que no se interioriza socialmente, termina siendo letra muerta. Erradicar la violencia de género, cerrar la brecha salarial, garantizar el acceso equitativo a la educación y asegurar la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública exige un cambio profundo en la manera en que la sociedad entiende el poder, el cuidado, el trabajo y las relaciones humanas. Implica educar desde la infancia en la igualdad, cuestionar los estereotipos que limitan las oportunidades de niñas y mujeres, y construir instituciones que respondan con eficacia a las víctimas de violencia. Pero también implica reconocer algo fundamental: que la lucha por los derechos de las mujeres no es una causa sectorial, sino un proyecto de justicia social. Porque cuando una niña puede estudiar sin miedo, una mujer puede vivir libre de violencia, cuando el trabajo de cuidados se distribuye de manera equitativa y el talento femenino encuentra oportunidades reales, no sólo ganan las mujeres… gana la sociedad entera.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.