Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Por: Alejandra Salgado Romero
“Las personas con discapacidad enfrentan mayores riesgos de inequidad en salud: mortalidad prematura, dificultades para acceder a servicios médicos adecuados, y un mayor riesgo de desarrollar condiciones como depresión, obesidad, enfermedades no transmisibles. Además, en muchos casos experimentan discriminación, estigmatización, violencia, y exclusión social, económica y política, lo que agrava vulnerabilidades”
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Cada 3 de diciembre, desde 1992, -cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas los reconoció oficialmente mediante la Resolución 47/3-, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha no debe entenderse como un simple recordatorio, sino como una invitación permanente a reflexionar sobre la inclusión, los derechos y el bienestar de un sector amplio, diverso y heterogéneo de la población mundial. El concepto de discapacidad ha evolucionado hacia un enfoque social y de derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad son aquellas que tienen “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo” que, al interactuar con “diversas barreras”, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las y los demás. Dicho concepto trasciende la noción de limitación individual. La discapacidad no está únicamente en la persona, sino en la forma en que la sociedad —sus entornos, normas, actitudes y estructuras— impide o dificulta su plena participación. A escala global, la OMS estima que aproximadamente 1,300 millones de personas, -aproximadamente el 16% de la población mundial-, vive con alguna forma de discapacidad. Esta cifra continúa al alza, por factores como el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y los avances médicos que prolongan la vida. Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa del mundo, y precisamente por ello su inclusión no es un asunto marginal: es un imperativo de justicia social, según sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En México, la realidad es compleja y marcada por profundas desigualdades: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había en el país 6,179,890 personas con discapacidad, lo que representaba aproximadamente 4.9 % de la población nacional. En una estimación más amplia, incluyendo personas con limitaciones en la actividad cotidiana o condiciones mentales, se reportan 20.8 millones de personas con alguna limitación o discapacidad. De estas, cerca de 6.3 millones presentaban al menos una discapacidad, según cifras oficiales. Dichos datos reflejan la heterogeneidad del fenómeno: algunas personas padecen discapacidades físicas, otras sensoriales, intelectuales, cognitivas o de desarrollo; algunas limitaciones son permanentes, otras temporales. Además, las barreras estructurales —físicas, sociales, culturales— muchas veces agravan su situación.
El camino legislativo ha avanzado: México fue uno de los países impulsores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006. Asimismo, la existencia del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) representa un esfuerzo institucional por articular políticas públicas con enfoque de derechos. No obstante, las brechas persisten: acceso desigual a la educación, discriminación, exclusión laboral, carencias de salud, servicios insuficientes, y escasa representación social y política son parte de la cotidiana realidad de muchas personas con discapacidad en México.
En 2023, según datos difundidos por el INEGI y reportados en medios locales, el 8.4 % de la población de Guerrero de 5 años o más, tiene algún tipo de discapacidad. Con ello, Guerrero se ubicó entre los estados con mayor proporción de personas con discapacidad del país. Un estudio reciente publicado en 2025 estima que en el estado hay 669,526 personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente 24.5 % no están afiliadas a ningún servicio de salud. Esta ausencia de cobertura médica es especialmente grave en regiones rurales, indígenas o de alta marginación, donde la infraestructura de salud es limitada y las barreras geográficas, económicas y sociales se combinan para agravar la exclusión. En cuanto a escolaridad y acceso a la educación, los datos también muestran desigualdades profundas: muchas niñas, niños y jóvenes con discapacidad no cuentan con opciones adecuadas de educación especial o inclusiva, y en varios municipios las tasas de analfabetismo dentro del colectivo siguen siendo elevadas.
A pesar de los avances normativos y de visibilidad, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras que van más allá de lo individual: a) En salud: muchas no tienen acceso a seguridad social ni a servicios de rehabilitación, terapias, dispositivos de apoyo, o atención médica especializada; b) En educación: limitaciones para acceder a educación inclusiva o especializada, falta de apoyos, armas de discriminación estructural. Los resultados educativos del colectivo frecuentemente están muy por debajo del promedio nacional; c) En empleo y medios de subsistencia: muchas personas con discapacidad viven en la informalidad, con empleos precarios, sin seguridad social ni salario digno. Las estructuras del mercado laboral y la falta de incentivos a la contratación inclusiva agravan su exclusión; d) En accesibilidad física y social: espacios públicos, transportes, escuelas, centros de trabajo, infraestructura urbana muchas veces no contemplan criterios de accesibilidad universal. Las barreras arquitectónicas, la falta de adaptaciones, los prejuicios culturales y la discriminación hacen que la participación plena sea una utopía; y, e) En invisibilidad institucional y representatividad política: pocas políticas con enfoque territorial, escasa participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones, falta de acciones afirmativas reales.
El reconocimiento legal no siempre se traduce en realidad para las personas con discapacidad. La implementación es desigual, los recursos insuficientes, la supervisión limitada, y hay poca rendición de cuentas. En 2025, la necesidad de fortalecer políticas públicas decididas, coherentes y financiadas se vuelve aún más urgente. Este 3 de diciembre de 2025, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, todo discurso debe transformarse en compromiso real. Debemos reconocer la discapacidad es parte de la diversidad humana, exigir y apoyar política públicas integrales, impulsar la participación activa de las personas con discapacidad, no como sujetos pasivos de ayuda, sino como agentes de cambio: en espacios comunitarios, organizaciones civiles, política, cultura, educación, trabajo, promover la inclusión desde lo cotidiano: nuestras escuelas, vecindarios, lugares de trabajo, transporte, comunidades, deben adaptarse. La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho y por ello, resulta imperativo adoptar la solidaridad y corresponsabilidad social como características fundamentales de nuestra sociedad.
Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alejandra.salgado.esdafzk@gmail.com.