Por: Álvaro Venegas Sánchez
Según el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre, el gobierno federal clasificó y declaró 80 de los 85 municipios de Guerrero como Zona de Atención Prioritaria para el ejercicio 2026 debido al alto nivel de rezago y pobreza. El criterio aplicado no ubica a todos en la misma categoría y excluyó Buenavista de Cuéllar, Pilcaya, Tecpan, Acapulco; en éste identifica 9 comunidades y 462 áreas que requieren atención, además, la capital Chilpancingo con 201 zonas y cinco localidades: Jaleaca de Catalán, Palo Blanco, Petaquillas, Mazatlán y Ocotito.
La Declaratoria tendrá como consecuencia asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población objetivo en los rubros deficitarios con estímulos fiscales para promover programas de apoyo, financiar actividades y obras de infraestructura necesaria para ejercicio de los derechos de desarrollo social. Con ese propósito, los gobiernos municipal, estatal y federal convendrán acciones y destinarán los recursos para la ejecución de los programas especiales en las zonas identificadas.
La consideración de rezago y pobreza en Guerrero no es novedad; lo es la Declaración de Atención Prioritaria en estos tiempos de transformación basada en el principio “Por el bien de todos, primero los pobres”. Recursos no sobran, pero hay. Ahí están los destinados para gestión social que asignan a regidores en los Ayuntamientos y a diputados del Congreso los cuales ellos disponen a su arbitrio y tiene que ver más con promoción personal. La diputada Leticia Mosso, en un desplante de honestidad recientemente, reveló para bien que las y los legisladores reciben 300 mil pesos cada mes por tal concepto.
La suma de esa partida, quitándoselas a todas y todos los regidores y diputados, obvio no alcanzaría para tantas necesidades; sin embargo ayudaría para no atenerse nada más al gobierno federal.
En Guerrero pobreza y marginación social son ancestrales. Mentiría quien acuse que indiferencia e insensibilidad por la problemática socioeconómica estatal es de ahora. Bastaría preguntar ¿cuántas visitas perduran en el recuerdo colectivo, porque escucharon y atendieron, los expresidentes Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Carlos Salinas, más allá de convenciones bancarias en Acapulco sino en Chilpancingo, la Costa Grande, Costa Chica, Iguala, Tierra Caliente o Tlapa en la Montaña? Y ¿cuántas recuerdan la presencia de AMLO y Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno?
Simple dato. El martes 11 de noviembre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad informó en la mañanera que Guerrero está en sexto lugar con 5.8 % de homicidios dolosos en el país por debajo de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Estado de México. Asimismo, la secretaria de Gobernación indicó que como parte de la atención a causas que generan la violencia, atendieron 22 municipios de Oaxaca y Guerrero con el Tianguis de Bienestar y entregaron un millón 724 mil artículos para 57 mil 957 familias, incluyendo Atoyac de Álvarez. Son hechos concretos.
Por supuesto marginación y pobreza ancestral y el conjunto de problemas añejos y complejos no pueden resolverse a corto plazo. La tarea no es fácil. Por ejemplo que no respeten la autoridad de las mujeres con cargos públicos en la región de la Montaña como denunciaron la presidenta de Cualác, Yesika Moreno, la síndica de Tlapa, Leticia Sierra y la diputada del distrito 16, Catalina Apolinar Santiago, durante el conversatorio que organizaron la Secretaría de la Mujer y el Observatorio de Participación Política de la Mujeres Guerrerenses; pareciera sencillo viendo el problema desde lejos y no es así.
En mismo tenor están “las realidades que indignan y deshumanizan a las mujeres indígenas por la violencia machista, la indolencia de las autoridades y la impunidad que impera en la Montaña”. Así lo señaló el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en el informe que hizo público con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el título: RENACER ENTRE CARDOS Y CACTUS EN LOS FILOS DE LA MONTAÑA. Requiere toda una estrategia de trabajo y no solamente buena voluntad con declaraciones en los medios de información.
Sostiene Tlachinollan: de qué sirven la existencia de leyes locales, nacionales e internacionales si la protección jurídica es inoperante y no se ve reflejada en el día a día por falta de recursos humanos, materiales y financieros condenando a las mujeres a la discriminación, al maltrato social, el feminicidio y los matrimonios forzados de menores de edad. Hace falta coordinación de los tres niveles de gobierno e implementar acciones al interior de las comunidades. O sea lo antes dicho, trabajo con estrategia sin simulación.
Iguala, Gro., diciembre 1 de 2025