Servicios AINI
Ciudad de México, La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este lunes que cualquier intento del gobierno de Perú por ingresar a la embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez constituiría una “violación grave” del derecho internacional y de la soberanía mexicana, en medio del nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.
“Violaría todas las leyes internacionales. Pues nada más. O sea, el asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía”, afirmó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina sobre el caso de Chávez, quien se encuentra desde hace tres semanas en la embajada mexicana en Lima.
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el presidente interino peruano, José Jerí, señalara que, si fuera necesario para detener a Chávez —quien solicitó asilo en la sede diplomática mexicana—, su gobierno ingresaría a la embajada mexicana.
La mandataria recordó el precedente del asalto policial a la embajada de México en Ecuador, ocurrido en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron violentamente en la embajada mexicana en Quito con el objetivo de capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas “violando todas las leyes internacionales”.
En ese sentido, la presidenta subrayó que el derecho de asilo solicitado por Chávez está plenamente protegido por normas internacionales.
“El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración, pues sería muy grave”, apuntó.
Chávez se encuentra en la embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, y desde entonces está a la espera de que Perú apruebe un salvoconducto que permita que la ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo viaje a dicho país.
¿Cómo inició el deterioro de la relación con Perú?
La crisis diplomática entre México y Perú comenzó en diciembre de 2022, cuando el gobierno peruano declaró persona non grata al entonces embajador mexicano en Lima y ordenó su expulsión, tras críticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) al proceso político que llevó a la destitución del entonces presidente Castillo (2021-2022).
