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Ciudad de México, La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de combatir el robo de este recurso natural y garantizar su disponibilidad en el país.
En la reforma se admite que México enfrenta una “crisis sin precedentes” en materia de agua. El porcentaje de sequía a nivel nacional fue de 45.8% hasta el pasado mes de abril, y la región noroeste del país fue la más afectada.
Ante este panorama, la iniciativa plantea diversas medidas para garantizar la disponibilidad de agua en el país. Una de ellas es la creación de “delitos hídricos” que serán perseguidos de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia.
Por ejemplo, habrá penas de hasta 10 años de prisión a quien traslade agua de ríos, lagunas, lago, manantiales mares, y en general las que se consideren aguas nacionales, sin contar con autorización o permisos expedidos por el gobierno. La misma sanción se aplicará a quien obstruya, altere o desvíe los cauces, corrientes o flujos de agua sin autorización.
También se impondrá una pena de hasta nueve años de prisión a quien modifique o altere los dispositivos de medición de agua para simular un consumo menor.
La pena más elevada de hasta 12 años de prisión se le dará a los funcionarios públicos que otorguen permisos, asignaciones y prórrogas o concesiones de agua a familiares, o a cambio de un beneficio personal. El mismo castigo se le dará a quien ofrezca alguna dádiva para conseguir algunos de esos documentos para explotar aguas nacionales.
La iniciativa deberá ser turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a una de sus comisiones para que empiece a ser analizada por los legisladores.
La reforma fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de este mes y dijo que servirá para “ordenar el uso de agua en el país”.
La nueva Ley General de Aguas
En lo que respecta a la Ley General de Aguas, este nuevo marco legal enumera las acciones que los gobiernos federal, estatal y municipal deberán realizar para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua.
La Comisión Nacional de Agua tendrá que elaborar una Estrategia Nacional Hídrica en el que se deberá hacer un análisis de la disponibilidad de agua en el país, así como las acciones que se tomarán para garantizar su cuidado y abasto.
La nueva ley también establece que todos los estados de la República deberán promover la instalación de aguas pluviales para uso doméstico, sin que esto afecte el ciclo natural hídrico.
De igual forma, los estados de la República, junto con municipios y el gobierno federal, deberán difundir información a la población para promover el cuidado del agua.
En la ley también se crean los sistemas comunitario de agua y saneamiento que podrán ser implementados por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.