El imperio de la censura
4T restringe libertad de expresión
“El Abuelo” ya está en el Altiplano
Por: Lilia Arellano
El paso de la “dictadura perfecta” a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) implica la aplicación de una censura monárquica a los medios de comunicación y redes sociales por parte del régimen de la presidentA Claudia Sheinbaum. En el siglo pasado, existió la autocensura como práctica común, donde los medios de comunicación moderaban las noticias para no atraer la furia de los poderosos. También, existía la censura a través de recursos más o menos indirectos, por ejemplo, negando el papel para la impresión de los diarios o cancelando la publicidad a los críticos. La censura se ejerció con fuerza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apoyado por el crimen organizado y, ahora, con el Poder Judicial. En México, el asesinato de periodistas se convirtió en una estadística.
Además, las denuncias por daño moral y por violencia política de género se han multiplicado. Durante 2024 y en lo que va de este año, se han presentado 21 denuncias de este tipo. Con esto se busca restringir la libertad de expresión. La cultura autoritaria alcanza niveles que no se vieron el siglo pasado. Se ha documentado el sostenido acoso judicial a periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano poniendo en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el país, hay un “resurgimiento de mecanismos de censura”, como lo señala Leopoldo Maldonado, representante en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, la cual se está materializando en decisiones judiciales vulnerando la libertad de expresión, “iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes”. Están los casos de Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas contra el periódico El Universal y Héctor de Mauleón; de Diana Karina Barreras Samaniego, diputada del PT contra la ciudadana Karla María Estrella Murrieta; de Layda Sansores, gobernadora de Campeche contra el periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, entre otros. González Valdez debe pagar una multa de casi 100,000 dólares y se le prohíbe el ejercicio del periodismo. Además, el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, contra Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director de Acapulco Trends, al que también se le acusa de violencia de género.
De los casos anteriores, el relacionado con las prohibiciones de la campechana Layda Sansores, rompe récord. El periodista González no puede hacer ninguna referencia a su persona y el plazo antes determinado por la autoridad judicial fue prolongado otros seis meses. En España la prohibición es absoluta para hablar de los monarcas y aquí se está replicando. Al parecer tiene en sus determinaciones la orden de construir laboratorios para estudiar reacciones a determinadas acciones. No se trata solamente de lo ligado a la comunicación, información, critica, sino a la expropiación de terrenos al gusto del gobierno solamente con el argumento de llevarlo a la utilidad pública. Quien se presta todos los martes a la realización de un vergonzoso show es, al parecer, capaz de cualquier ridículo, incluyendo el de un noviazgo de 3 décadas.
La presidentA Claudia Sheinbaum se convirtió, tal vez sin proponérselo, en cómplice de todas estas persecuciones contra periodistas desatadas en su mayor parte por políticos emanados de su propio grupo político. Los medios de comunicación no tienen fuerza para frenar este ambiente censor. La oposición no parece en el tema y la mayor parte de la ciudadanía simplemente no está en el asunto. Además, desde hace semanas, por voto popular, Morena se aseguró el control de las Cortes claves del Poder Judicial. La estructura legal del poder es utilizada contra los medios de comunicación. En Puebla, el Congreso del Estado votó una ley sobre ciberacoso que penaliza con hasta tres años de cárcel a quienes “violenten, insulten o acosen” a una persona en redes sociales. Para Josefina Buxadé, experta en transparencia y directora del departamento de ciencias de la comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, “es un retroceso terrible”. “En 2011, el Congreso de Puebla eliminó del Código Penal los delitos de difamación y calumnia justamente por el mal uso que se le podía dar (…) Y como periodista, puedes dar a conocer un hecho verdadero, pero si alguien se siente difamado, sería un delito”, resaltó la académica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se hizo eco de las críticas y exhortó al Congreso y autoridades de Puebla a revisar el artículo 480 del Código Penal sobre ciberasedio.
En Michoacán, hay una iniciativa parecida y a nivel federal están en debate varias normas que facultan al gobierno bloquear y bajar información en plataformas digitales. No sólo los periodistas están en la mira de Morena, también los ciudadanos comunes. En abril pasado, el Tribunal Electoral, bajo control de Morena, multó a Karla Estrella, quien insinuó en un tuit que un político hizo presión para que se incluyera a su esposa en la lista de candidatas a jueces. Según este tribunal, se ejerció “violencia simbólica minimizando la trayectoria profesional y política de la candidata Diana Barreras, generando daños a su reputación, imagen, honor y dignidad”. Esto sin duda, fue “una locura que hasta Twitter se negó a borrar, porque estaba violando los estándares”, destacó Buxadé.
Article 19 hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramienta de censura en México. Exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas. Entre las propuestas de Artículo 19 para que las redes dejen de ser máquinas de manipulación y desinformación está: garantizar pluralismo en la disponibilidad de plataformas y evitar que grandes consorcios tecnológicos como Google y Meta sean las únicas opciones. Plantea leyes que obligan a las empresas a transparentar los algoritmos que determinan el contenido para los usuarios, y conocer quiénes están pagando los contenidos.
DE LOS PASILLOS
Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, llegó al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde le leyeron sus derechos antes de ser remitido al Ministerio Público. El exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, deberá responder por los delitos de extorsión, narcotráfico, trata de personas y robo de combustible, y por delincuencia organizada. De lo expresado frente a la autoridad dependerá sobreviva junto con su familia… Al tiempo.
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