Por: Álvaro Venegas Sánchez
El almirante Rafael Ojeda alertó desde el 2021, sobre lo que ahora llaman huachicol fiscal. En mi libro, CON PALABRAS SUAVES, está el extenso artículo titulado: OJEDA DIJO LO QUE OTROS CALLAN. Fecha de publicación 24 de mayo de ese año; lo reproduzco para desempolvar la memoria:
“Quejarse no es lo mismo que denunciar. La queja es una reacción de inconformidad espontánea por algún disgusto. La denuncia implica declaración formal. Ocurrió el viernes de la semana pasada en la mañanera. Escueto como deben ser los informes, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, pidió comprensión a los periodistas para no proporcionar detalles sobre operativos para decomisar precursores de drogas: entiendan, es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y judicializada porque no tenemos mucha ayuda de los jueces y ministerios públicos; “da hasta pena que actúen de esa manera, parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, tenemos que cerrar bien el círculo para llevar a cabo detenciones”
No lo hubiera dicho. De inmediato hubo reacciones hurgando motivos del almirante para aludir así a otro Poder. El presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, creyendo representar una instancia del Poder Judicial incuestionable, justificó que la función de las y los jueces es defender los derechos humanos y la Constitución. Sin embargo, ¿acaso el secretario Ojeda Durán calumnió, faltó irresponsablemente a la verdad? Nada de eso. Dijo lo que millones de ciudadanos comentan, perciben, opinan, piensan de los impartidores de justicia. Además, no está en la lógica de la sociedad que el narcotráfico sea o esté en la lista de derechos humanos. El propio presidente de la República destacó la necesidad que México cuente con una verdadera Suprema Corte de Justicia, “no de una Suprema Corte de cohecho o de estado de chueco”
López Obrador tiene razones para inconformarse por ciertos comportamientos de los jueces. No únicamente por Juan Pablo Gómez Fierro, que concedió ocho nuevas suspensiones definitivas y con efectos generales contra la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Cámara de Diputados sino porque, merced a la acción de ellos, en la SCJN se han ido acumulando expedientes de diversos asuntos para impedir avancen iniciativas de la llamada Cuarta Transformación. Políticas y proyectos obras de alto impacto del presidente, que asiduos defensores del pasado a través de jueces, tratan de frenarlos mediante lluvia de amparos y controversias constitucionales presentados por particulares, funcionarios, empresarios, asociaciones ciudadanas y representantes de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC. Todos convergen oponiéndose a que las reformas a la Constitución que modifican preceptos que ellos procuraron para favorecer minorías, incluso intereses extranjeros, queden establecidas en el orden jurídico.
Porfirio Muñoz Ledo, que ahora involuntariamente sirve a la oposición, reprochó que AMLO “se echó para atrás”, “no quiso impulsar una Nueva Constitución para sustentar un cambio de régimen”. De ahí su afirmación: “la 4T es sólo una frase que no dice nada y con esa idea él, que con lucidez sirvió al PRI, PAN y al PRD, descalifica los esfuerzos y el liderazgo de López Obrador como expresión de arrepentimiento por haberle puesto la Banda Presidencial. ¿En qué escenario estaría el país de haberle hecho caso AMLO a Muñoz Ledo? Las reformas que el presidente ha impulsado, por cierto no son tantas, han sido para bien la Nación y de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, ¿pasaron cual simple trámite en las cámaras del Congreso? No. Y algunas que fueron aprobadas las esperaban de antemano cantidad de amparos para impedir su aplicación. Entonces ¿qué sería si AMLO hubiera empezado el sexenio cambiando la Constitución? ¿En qué situación nos encontraríamos? El presidente es un demócrata, pero sus malquerientes lo tildan de autoritario y Muñoz Ledo refuerza tal opinión.
Entre los proyectos y reformas objeto de amparos y recursos de inconstitucionalidad que esperan ser analizados y resueltos en la SCJN están El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la Ley sobre el Uso de la Fuerza, la Ley de la Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Seguridad, presentadas por la CNDH; la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos; la Ley de Austeridad Republicana, que impide a quienes ocupen altos cargos en la administración pública, trabajar en la iniciativa privada durante 10 años después de cumplir sus funciones; la reforma eléctrica y la nueva Ley de Hidrocarburos; la Ley Coordinación Fiscal, etc. En fin miles de amparos concedidos por jueces que actúan por intereses ajenos a la dimensión social.
Por tanto, feliz ex abrupto del almirante Rafael Ojeda. Querían los reporteros detalles para la nota y lograron sacar un reproche contenido en el pecho del secretario. El comportamiento de algunos de los integrantes de uno de los tres poderes (en todas las instituciones y organizaciones los hay buenos, regulares y echados a perder) los de esta última clase son los responsables del mal concepto que tiene la sociedad. Además, de por sí los vientos del cambio democrático aún no llegan a Poder Judicial”
Iguala, Gro., septiembre 15 de 2025