Fernando Polanco Ochoa
Chilpancingo, Gro., La Secretaría de la Mujer del gobierno de Guerrero, Violeta Pino Girón, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mayor severidad en las sanciones contra feminicidas, no solo para combatir la impunidad, sino para reducir la incidencia de casos.
Y para que “haya investigación siempre con perspectiva de género y que se lleve a cabo una investigación adecuada para que se puedan ejecutar castigos ejemplares a los victimarios”, dijo.
Aunque no precisó la cifra de feminicidios registrados en lo que va del año, porque esa información compete a la FGE, señaló, consideró que todas las violencias contra las mujeres deben ser sancionadas con mayor severidad.
“En el caso del feminicidio creo que nos está faltando mucho aplicar todo el peso de la ley a los agresores”, para enviar el mensaje de que a las mujeres se les tiene que proteger y brindarles la seguridad que requieren, consideró.
Pero comentó que en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer la sociedad tiene una participación importante, porque es necesario cambiar la cultura.
Cuestionada sobre la venta de niñas y adolescentes en las comunidades indígenas, especialmente en las regiones Montaña y Costa Chica, Pino Girón comentó que esa práctica ya está prohibida en la legislación estatal.
«Sin embargo nos hace falta a la sociedad y al gobierno trabajar más. Históricamente en el mundo las mujeres son violentadas producto de una organización social patriarcal, que coloca a las mujeres en una situación de desventaja, esa es la raíz de ese problema», indicó.
La funcionaria estatal agregó que por esa razón continúa el trabajo de concientización a las autoridades comunitarias, porque es desde adentro, en las comunidades, donde tienen que cambiar esas costumbres.
Porque la venta de niñas y niños en Guerrero se debe a una conducta “patriarcal”, lo mismo que feminicidio, la violencia sexual del medio urbano, la violencia digital y la ácida, entre otras manifestaciones violentas, añadió.
Respaldó la iniciativa de reforma de la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, de Morena, al Código Penal del Estado, para establecer sanciones más severas contra el feminicidio cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, embarazadas, mujeres indígenas, adultas mayores o con discapacidad.
Asimismo, endurecer las penas si el delito es cometido por servidores públicos o policías, además se garantiza el principio del interés superior de la niñez para las víctimas indirectas.