Desde el 1 de octubre, la Secretaría Anticorrupción también emitió 142 resoluciones sancionatorias por faltas cometidas durante procedimientos de contratación
Por: Servicios AINI
En los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se detectaron presuntas irregularidades en procesos de contratación y posibles inconsistencias en la evolución del patrimonio de funcionarios.
De acuerdo con su primer informe de Gobierno, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) emitió 142 resoluciones sancionatorias por faltas cometidas durante procedimientos de contratación, tanto en su formalización como en su ejecución.
El gobierno federal explicó que de esas 142 resoluciones sancionatorias, en 98 se aplicaron multas e inhabilitaciones y en 44 hubo una penalización económica. El monto total por multas ascendió a 59.1 millones de pesos.
El informe no precisa las dependencias donde se detectaron las irregularidades.
Durante ese mismo periodo, la administración de Claudia Sheinbaum abrió 91 investigaciones en materia de evolución y verificación del patrimonio de servidores públicos con el fin de detectar posibles inconsistencias en adquisición de bienes y que pudieran constituir faltas administrativas o conductas sancionadas en el ámbito penal.
“Estas investigaciones forman parte de un total de 212 expedientes. Además, durante este periodo se concluyeron en sus diferentes etapas: 45 investigaciones sobre evolución patrimonial; 15 investigaciones de verificación patrimonial y 32 informes contables y financieros, correspondientes a expedientes iniciados en periodos anteriores”, reporta el informe, sin mencionar las dependencias ni los cargos de los funcionarios involucrados.
El Primer Informe reveló además que en los primeros nueve meses de gobierno se presentaron 256 querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos fiscales y de contrabando, con el objetivo de lograr la reparación integral del daño.
“Se realizaron 43 peticiones por delitos previstos en las leyes del sistema financiero mexicano y se obtuvieron 25 autos de vinculación a proceso por defraudación fiscal y equiparable, y cuatro autos de vinculación a proceso por delitos financieros. Se dio seguimiento a mil 218 procesos judiciales, incluidos 10 con sentencias condenatorias que ordenaron la reparación de daños por un monto de 814 millones de pesos”, señala el informe.
Como parte de un mecanismo de combate a la corrupción, el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) del gobierno federal recibió 21 mil 751 quejas por probables faltas administrativas, de la cuales cuatro mil 252 fueron concluidas y 17,499 seguían en trámite.
Finalmente, de siete mil 148 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), se impusieron mil 889 sanciones por responsabilidades no graves y se presentaron 653 expedientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves y conductas atribuibles a particulares. “El Tribunal resolvió con la imposición de 383 sanciones”, se explica en el informe presidencial.