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Ucrania, Julio 23.- Las calles de Ucrania, silenciosas desde el inicio de la invasión rusa por imperativo de la ley marcial, han vuelto a llenarse de voces ciudadanas. Esta vez, no es por la guerra ni por la escasez, sino por una decisión política interna: la reforma legal que limita la autonomía de las instituciones anticorrupción. El presidente Volodímir Zelenski ha firmado la Ley 12414, ya aprobada por su mayoría parlamentaria, lo que ha encendido las alarmas dentro y fuera del país.
La protesta no es menor. Centenares de ciudadanos se congregaron en ciudades como Kiev, Leópolis, Dnipró y Odesa en la noche del martes, respondiendo a convocatorias impulsadas por activistas prodemocracia que criticaron duramente la nueva legislación. Se trata de las primeras movilizaciones públicas significativas desde que comenzó la guerra en febrero de 2022, y su dimensión ha sido especialmente notable considerando la prohibición de reuniones por razones de seguridad nacional.
El punto central de la polémica es el cambio en la estructura jerárquica de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO), que ahora pasan a depender de la Fiscalía General, una institución designada por Zelenski. Hasta el momento, NABU y SAPO funcionaban con independencia del Poder Ejecutivo, como fue acordado en las reformas posteriores a la revolución de Maidán, y como parte de las condiciones impuestas por la Unión Europea para avanzar en el proceso de adhesión.
El Gobierno justifica la reforma por motivos de seguridad. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), se descubrió la infiltración del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en la NABU. El Ejecutivo sostiene que la única forma de evitar futuras amenazas es centralizando el control bajo estructuras más protegidas. En palabras del propio Zelenski, “la infraestructura anticorrupción seguirá funcionando” y la medida tiene como finalidad “erradicar la infiltración rusa”.
Esta explicación, sin embargo, no ha sido suficiente para calmar las críticas. La Comisión Europea expresó “serias preocupaciones” ante la votación del Parlamento ucraniano, y varios comisarios europeos —entre ellos Marta Kos, responsable de Ampliación— trasladaron su inquietud al Gobierno de Kiev. La reforma, dicen, pone en entredicho el compromiso de Ucrania con el Estado de derecho y amenaza con debilitar uno de los pilares de su futura integración europea: la lucha contra la corrupción.
Las protestas reflejan, además, un malestar latente en una sociedad que ha respaldado con firmeza a su Gobierno durante más de tres años de guerra, pero que ahora observa con inquietud cómo se consolidan prácticas que evocan viejas estructuras de poder centralizado. Aunque la seguridad nacional es un argumento poderoso en tiempos de guerra, la subordinación de los organismos anticorrupción genera un dilema entre necesidad y legitimidad.
Desde un punto de vista político, esta reforma tensiona el equilibrio entre gobernabilidad y control institucional. El Ejecutivo ucraniano ha reforzado su narrativa de defensa ante amenazas externas, pero al hacerlo ha tocado un nervio sensible: la percepción de que se está desmantelando una de las conquistas más simbólicas de la Ucrania tras el Maidán.
Hundreds of Ukrainians gathered in central Kyiv on Monday evening to protest against a controversial law they say undermines the independence of the country’s leading anti-corruption bodies, NABU and SAP, by placing them under the control of the prosecutor general.
A Kyiv Post… pic.twitter.com/wmLZC2Ruyu
— KyivPost (@KyivPost) July 22, 2025
Por ahora, las autoridades han optado por no reprimir las concentraciones, y no se ha registrado presencia policial significativa en las plazas. Pero el gesto de firmar la ley mientras las protestas estaban en curso marca un punto de inflexión. Para muchos, ha sido una señal de indiferencia hacia las preocupaciones de una parte importante de la ciudadanía.
La situación presenta un escenario delicado. Ucrania necesita demostrar coherencia institucional para mantener el respaldo internacional, tanto político como económico. Al mismo tiempo, enfrenta amenazas de seguridad reales que obligan a revisar estructuras internas. El equilibrio entre ambas exigencias será clave para entender si Kiev se dirige a una crisis política severa.
Mientras tanto, el pulso entre el Gobierno y la sociedad civil ha quedado al descubierto, en plena guerra. Por primera vez desde el inicio del conflicto, Zelenski no solo enfrenta la ofensiva rusa, sino también el escrutinio de quienes, dentro de su propio país, empiezan a cuestionar decisiones que consideran contrarias al espíritu democrático que prometió defender.@mundiario