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Ciudad de México, La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente su iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general de combate a la extorsión en la que se establezca el tipo penal, agravantes y sanciones para perseguir y erradicar ese delito que aumentó 57.62% entre el 2018 y 2025.

La iniciativa platea reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una nueva ley, como lo ha hecho en los temas de secuestro, desaparición forzada, trata de personas y tortura.

El presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que esta iniciativa se discutirá a partir de septiembre en el periodo ordinario de sesiones. La iniciativa será turnada en breve a la Cámara de Diputados.

En su argumentación, la presidenta Sheinbaum reconoció que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en el 2018 se registró un promedio diario de 18 mil 89 extorsiones, mientras que en enero del 2025 se registró un promedio de 29 mil 77 actos, lo que representa un incremento del 57.62% en solo seis años.

Mencionó que los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de las víctimas en el 2024 y en enero del 2025.

La mandataria argumentó que el delito de extorsión ya está contemplado en el Código Penal Federal y en los código penales de los estados, pero está regulado con distintos bienes jurídicos protegidos tanto en el tipo penal como en sus calificativas, agravantes, modalidades y penalidades.

Añadió que las penalidades también son diversas, pues en promedio en la Federación y las 32 entidades la penalidad máxima en promedio es de cuatro años seis meses, mientras que en la Federación la penalidad máxima es de 2 años ocho meses y en Oaxaca de apenas uno a tres años.

Destacó que las sanciones también son divergentes, pues mientras en estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, el rango de multas por el delito de extorsión es de 36 mil a 86 mil pesos, mientras que Coahuila tiene la sanción más alta con 345 mil pesos.

En el documento se ofrece “combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional”.

La primer mandataria del país destacó que contar con una ley general permitirá articular de forma eficiente y eficaz los recursos del Estado mexicano para el combate estratégico de la extorsión con acciones de investigación e inteligencia, y el uso de herramientas institucionales como formación y capacitación de personal especializado, atención pronta y expedida a las víctimas, ofrendados y testigos, así como la inhibición de conductas.