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Ciudad de México, De los más de 102 mil millones de pesos que la Federación tiene pendientes de aclaración en el uso que le dieron distintas dependencias y entidades desde inicios de siglo, 87.2 por ciento corresponde al sexenio pasado, en el cual la mayoría forma parte de inconsistencias en el gasto federalizado; es decir, de los recursos federales que son transferidos a programas presupuestarios y para estados y municipios.

Con el último informe entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, el monto sin subsanar desde el año 2000 asciende a 102 mil 229.2 millones de pesos, de los cuales 89 mil 195 fueron identificados como faltantes en las cuentas públicas del 2019 al 2024.

De hecho, el año en el que más anomalías se identificaron y persisten fue en ese sexenio, 2023, con 49 mil 202.3 millones de pesos gastados sin justificar. Las anomalías pendientes por aclarar bajo responsabilidad de las secretarías que conformaron al sexenio pasado equivalieron a tres mil 644.7 millones de pesos, que representó poco más de cuatro por ciento.

Las dependencias que permanecen sin observaciones por no haber incurrido en faltas, porque ya las subsanaron o porque no se les auditó en distintas cuentas públicas, fueron las secretarías de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, del Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores, de Turismo, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público y, finalmente, de la Función Pública.

La mayor parte de las irregularidades desde el inicio de siglo provienen del gasto federalizado, es decir, del ejercicio presupuestal que hacen las entidades de los recursos transferidos por la Federación y sobre los cuales debe haber una estricta vigilancia. En este rubro se observan inconsistencias por 70 mil 356 millones de pesos. De éstos, la mayor parte se observa en la Cuenta Pública del 2023, por 38 mil 161 millones de pesos.

El gasto federalizado son recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades por medio de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, con el objetivo de que se destinen a objetivos nacionales en beneficio de la población, por lo cual los receptores de los recursos; es decir, las autoridades locales deben rendir informes ante la Federación sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales y así ésta se encuentre al tanto de su uso.

A los más de 89 mil millones de pesos ‘perdidos’ en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se suman pendientes que permanecen sin resolver correspondientes a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, por cinco mil 677 millones; de Felipe Calderón Hinojosa, por seis mil 409 millones, y de Vicente Fox, por 611 millones de pesos.

Aunque la ASF otorga un plazo de 30 días hábiles a los entes auditados para responder a las recomendaciones, solicitudes de aclaración o los pliegos de observaciones que se les formulan, el periodo de análisis de resultados se extiende por otros 120 días para que el órgano auditor emita su pronunciamiento al respecto.

En caso de que las respuestas de los entes no resulten satisfactorias para la Auditoría Superior, el seguimiento continúa con la elaboración e integración de los dictámenes técnicos y sus expedientes que sustentan las irregularidades, a efecto de iniciar los procedimientos de investigación o jurídicos que encauzan, respectivamente.

Los procedimientos de naturaleza administrativa y penal, lo que, a pesar de representar la continuidad de las investigaciones para aclarar las anomalías, termina por ser una vía con la que ya no se delimita el plazo específico dentro del cual se habrán de subsanar las irregularidades.