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Ciudad de México, El Senado aprobó este lunes en lo general el dictamen que crea una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) para que sus integrantes asuman tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país.
El dictamen que expide la Ley de la Guardia Nacional y reforma otras seis leyes, así como el Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales, se aprobó en lo general con 75 votos de senadores de Morena, PT y PVEM, y 34 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Los legisladores de la denominada 4T validaron el proyecto que permite a la Guardia Nacional solicitar licencia para ocupar cargos en la administración pública y postularse a cargos de elección popular.
El dictamen pasó al pleno luego de que con una convocatoria de último minuto y sin una transmisión pública, la mayoría de Morena y aliados aprobaron en comisiones del Senado la nueva ley.
La Guardia Nacional será competente para conocer de delitos federales, y en coadyuvancia, podrá conocer de delitos del fuero común, previo convenio con las autoridades de las entidades federativas o municipales.
ONU advierte riesgo contra derechos humanos
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó este viernes su preocupación por las propuestas de la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas a las leyes de seguridad que discute el Congreso, al considerar que consolidan una “indebida naturaleza militar” y amenazan derechos fundamentales como la privacidad y la rendición de cuentas.
Estas facultades, advirtió el organismo, se sumarían a una creciente militarización de las tareas de seguridad pública en el país.
El organismo internacional también expresó inquietud por las disposiciones que darían al Ejército la atribución de procesar información de inteligencia.
Según la ONU-DH, esto pone en riesgo derechos como la privacidad, previstos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), además de carecer de salvaguardas efectivas.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos”, subrayó el organismo sus publicaciones.
Diversos colectivos civiles y académicos también han advertido que estas modificaciones podrían legalizar prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas.
Desde 2019, la Guardia Nacional ha estado bajo el mando operativo del Ejército, aunque legalmente conserva un carácter civil.
El llamado de la ONU-DH se suma a una creciente presión internacional para que el Estado mexicano garantice el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en su estrategia de seguridad.