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Ciudad de México, Con el voto en contra del PRI y PAN que advirtieron aún el riesgo de censura y espionaje por parte del gobierno, la mayoría de Morena y aliados aprobaron la nueva ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.


En sesión de periodo extraordinario de sesiones, se emitieron 77 votos en favor de legisladores de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y 30 en contra del PAN y PRI.


En la discusión en lo particular se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron dos del morenista Javier Corral, para modificar el artículo 10 y noveno transitorio de la ley, y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas dos últimas facultan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a vigilar que no se encarezcan los costos de los equipos de telefonía móvil. El pleno turnó el documento a la Cámara de Diputados para su estudio.


En tribuna, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que si bien Morena y su gobierno aceptaron hacer modificaciones al dictamen aprobado en abril pasado, como la eliminación del artículo 109 que establecía el bloqueo de plataformas digitales, esto se debió a la presión de ciudadanos, expertos y sociedad organizada.


“Los dobló la presión ciudadana. Pusieron a temblar al gobierno”, sostuvo el panista. Sin embargo, dijo que ganó la vena autoritaria del gobierno porque en el dictamen mantuvo la suspensión precautoria de las transmisiones de radio y televisión, sin acotarse a casos de violación al derecho de las infancias, además de que persiste la facultad de las autoridades de levantar un registro de líneas de telefonía móvil.


“Queríamos acompañar, queríamos mejorar el dictamen, no podemos permitir una legislación que espíe a los ciudadano, que le va a poner una pistola a las televisoras y radiodifusoras para que no publiquen lo que al régimen le incomoda”, mencionó.


El morenista Manuel Huerta respondió al panista: “esta ley no espía, no persigue, no censura, lo único que hace es que el internet y la comunicación sirva al pueblo, no a los intereses de unos cuantos”.


El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó que esta ley “es la guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial, y es parte de un big brother del bienestar para controlar la vida, la palabra y lo que diga cada ciudadano”.


Aseveró que Morena y sus aliados “están destruyendo la República, ustedes están destruyendo el país, por eso quieren un gobierno que espíe, que asuste, que amedrente a los ciudadanos”.


Añadió que el oficialismo construye un régimen dictatorial de ensueño: “controlar a todos los medios de comunicación, a callar a la oposición y no permitir que los ciudadanos y los medios de comunicación sean los vehículos para expresar las ideas”.


En contraste, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, argumentó que el registro de telefonía móvil contemplado en el trigésimo transitorio de la ley aprobada, ya se encuentra en el artículo 190 de la ley vigente, por lo que cuestionó que a la oposición por advertir este planteamiento como un “big brother”.


Del dictamen aprobado también se eliminó la censura previa de contenidos de medios de comunicación internacionales a través de la Secretaría de Gobernación.


Para evitar la violación al capítulo 18.18 del T-MEC, y a fin de reducir el exceso de facultades que se le pretendía dar a la Agencia de Transformación Digital, el dictamen creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con Independencia técnica y operativa, integrada por cinco personas propuestas por la Presidencia y ratificadas por el Senado. Esta comisión será responsable de la autorización, regulación, vigilancia y sanción de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Sus reuniones serán públicas.

En tribuna, la senadora Claudia Anaya del PRI advirtió que esos nombramientos serán ilegales, porque el artículo 76 de la Constitución no otorga facultades al Senado para esos nombramientos.

La autoridad competente en materia de competencia económica estará sectorizada a la Secretaría de Economía y junto con los tribunales especializados resolverá casos relacionados con poder sustancial, preponderancia y regulación asimétrica.

Por su parte, la Agencia de Transformación Digital conducirá la política estatal para garantizar cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro. El Estado podrá participar como proveedor comercial en igualdad de condiciones sin dejar de cumplir su misión social.

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