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Ciudad de México, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que la nueva Ley de Inteligencia e Investigación no busca intervenir conversaciones privadas ni vigilar a la ciudadanía, como han señalado legisladores de oposición, sino que será una herramienta legal para combatir delitos de alto impacto y localizar a personas desaparecidas con mayor eficacia.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que es falso que esta legislación pretenda censurar o espiar a la población, y acusó a sus críticos de promover mentiras con fines políticos. “Hay mucha hipocresía en quienes plantean esto. Buscan justificar su discurso de que nuestro gobierno censura y persigue a las personas”, expresó.
La mandataria explicó que la ley tiene como objetivo integrar un sistema de información que actualmente está disperso entre distintas dependencias, para facilitar el trabajo de las autoridades. Subrayó que los lineamientos legales para intervenir comunicaciones no se modifican y que se seguirá requiriendo la autorización de un juez para ello.
“No espiamos a nadie, pero sí queremos que disminuyan los delitos. Esta ley permitirá llegar más pronto a quien comete un delito o localizar a una persona desaparecida”, reiteró.
Sheinbaum concluyó que la legislación forma parte del compromiso de su administración por fortalecer las capacidades del Estado en la persecución del crimen organizado y la seguridad pública, con respeto a los derechos humanos.
Preocupa a ONU-DH propuestas de leyes de inteligencia
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación ante las propuestas sobre la nueva ley de la Guardia Nacional (GN) y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que discute el Congreso.
Expuso que “además de consolidar su indebida naturaleza militar”, la nueva ley de la GN otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos.
En redes sociales, la ONU-DH indicó que también preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad previsto por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros.
Reiteró que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.