Israel Salgado Urióstegui
Iguala, Gro., El presidente del Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa Asociación Civil, Alfonso Lozano Sánchez, informó que el próximo 9 de abril sostendrán una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados federal.

Señaló que solicitarán a los diputados que sirvan como intermediarios para gestionar una reunión con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de negociar la devolución del 10 por ciento del fondo de ahorro. Asimismo, exigirán que se paguen los folios a 35 mil personas sin la necesidad de tramitar un amparo, como se les había solicitado anteriormente.

«Queremos que se busque la manera de apoyarnos y de saldar esta deuda histórica, aunque no nos den un millón de pesos a cada bracero, viuda o hijo, que es lo que realmente deberían otorgarnos», expresó Lozano Sánchez.

También solicitaron una audiencia con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. «Queremos que nos escuche», añadió.

Indicó que abrirán una negociación con la Secretaría de Gobernación y que, además, diseñarán un plan de acción. En caso de ser necesario, recurrirán a movilizaciones a nivel federal y estatal.

Lozano Sánchez denunció que dentro del presupuesto existen recursos no ejercidos que se regresan a la Secretaría de Hacienda. Además, aseguró que aún hay dinero del fideicomiso 10,230, el cual fue eliminado por Morena.

Afirmó que llevan 28 años luchando por una causa justa, no por beneficio personal. «Debemos luchar por la justicia social, por hacer valer la Constitución, la Carta Magna y los derechos humanos», enfatizó.

Señaló que tienen pendiente una reunión con Gerardo Fernández Noroña, ya que buscan canales que les permitan llegar al corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. «Creemos que, por ser mujer, será más sensible a nuestra causa», dijo.

Explicó que entre 1988 y 1992 se levantó un gran movimiento de más de 300 personas de la tercera edad, entre braceros, viudas e hijos, para exigir la devolución del 10 por ciento del fondo de ahorro campesino-ferrocarrilero, el cual acumularon durante 22 años como trabajadores legales avalados por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Detalló que, cada semana, los granjeros estadounidenses y los empresarios ferroviarios les pagaban y les depositaban el 10 por ciento de su ahorro en un banco de Chicago, Wells Fargo, a los trabajadores del campo. A los empleados ferroviarios, en cambio, se les enviaba al Banco Nacional de México. Sin embargo, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se suspendió el programa de trabajadores ferroviarios, estos fueron reasignados al campo y continuaron ahorrando.

Lozano Sánchez denunció que los trabajadores de las vías férreas nunca recibieron su dinero del seguro, a pesar de que desempeñaban una labor de mayor riesgo. «Se firmó un contrato de trabajo muy bien elaborado, pero nunca se cumplió por ninguno de los dos gobiernos. Nos trataron muy mal. Los estadounidenses nos fumigaban con DDT para evitar que lleváramos enfermedades a su país, y el gobierno mexicano nunca nos defendió», concluyó.