Por : Álvaro Venegas Sánchez
La tragedia de los 43 normalistas desaparecidos hace una década es una de tantas huellas o manchas que dejaron gobernantes del periodo neoliberal. Varios acontecimientos asombraron por la forma que sucedieron y el trato y aplicación de la justicia que recibieron. Poco importó el dolor de las víctimas y que el sentido común de la gente imaginara y construyera conclusiones distintas a las oficiales. Así era porque durante ese tiempo, para algunos el mejor de México, jueces y magistrados colaboraban para diseñar verdades históricas y profesionales de medios de comunicación ayudaban a generar condiciones de aceptación e indiferencia social.
Al llegar López Obrador a la presidencia de la República e incluir este caso en sus 100 compromisos, las expectativas sobre el particular fueron enormes. Ofreció no descansar para saber el paradero de los estudiantes y ha sido congruente hasta finalizar su mandato. Sin embargo, su voluntad topó con resistencias y una densa red de intereses cuya dimensión quizás no calculó al principio. Prueba de ello, en agosto de 2022, casi cuatro años transcurridos, el entonces subsecretario de Gobernación y presidente de la comisión gubernamental creada para esclarecer los hechos, Alejandro Encinas, informó que a esa fecha habían fallecido, asesinados algunos, 26 testigos claves que habrían podido aportar información sustancial para conocer la verdad.
A la luz de esa realidad, los padres y familiares, junto con personajes y organismos que los han acompañado empezaron a cuestionar el poco avance; sobre todo a sospechar encubrimiento al Ejército de parte del Ejecutivo por no exigirle entregar información que, aseguran, guarda y consideran sensible. Ante el cruce de explicaciones surgió desconfianza entre ambas partes y el diálogo se afectó.
El 20 de julio de este año, AMLO hizo público el reporte que había entregado a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Afirmó por escrito: se han procesado a 20 militares, entre ellos dos generales por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada, pero no se ha encontrado nada sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala. Asimismo, advirtió: “Es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de justicia, sobre todo sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias”. “Son personajes de organizaciones de derechos humanos que defendieron y celebraron la excarcelación de por lo menos 60 personas implicadas, bajo el supuesto de que fueron torturadas”.
El informe contiene 21 puntos y está ahí para los que quieran contrastar la versión presidencial con las de aquellos que lo contradicen y reprochan que no haya cumplido su palabra. Un esfuerzo de objetividad personal ayudaría mucho repensar si algún día esta tragedia podría aclararse totalmente y cerrar así la herida que causaron el último gobierno federal del PRI y el último del PRD en Gro. Por cierto, anteayer, sábado 28, La Jornada publicó la entrevista que Blanche Petrich hizo a Alejandro Encinas, misma que tituló: ENCONTRAR AL RESTO DE LOS 43 NORMALISTAS VA A SER MUY DIFÍCIL.
Al margen de la comprensible decisión de los padres para seguir buscando a sus hijos y las expectativas que alienten con la llegada de Claudia Sheinbaum, el tiempo que ha pasado y todo lo que al respecto se ha dicho y escrito, cualquier otra evidencia o evidencias que se obtengan serían útiles, pero seguramente no van a ser motivo de consenso y satisfacción. La mancha es indeleble.
Por último, gracias a los estragos del huracán John, el acto que programaron los familiares para realizarse en Iguala lo suspendieron. Fue un alivio para los igualtecos cuya ciudad es considerada Cuna de la Bandera Nacional y, a raíz de los hechos en comento, alguien agravió llamándola “cuna de la delincuencia”. Igual, por situaciones y comportamientos de manifestantes que se solidarizan, pero que protestan quemando vehículos, causando destrozos en edificios y roban mercancías, se observa que también ha disminuido solidaridad. Peor aún, en los últimos días, circuló en las redes un llamado al gobierno para que cierre la Normal de Ayotzinapa. Lejos está que un gobierno de Morena actúe en tal sentido, pero el pueblo podría cobrar la indiferencia.
Iguala, Gro., 30 de septiembre de 2024