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México


Por : Servicios AINI 

Aprueba Senado en lo general dictamen de reformas

Defraudación fiscal, calificada como delincuencia organizada


Publicada:  11 septiembre, 2019 -- Actualizada: 11 septiembre, 2019

Ciudad de México, Septiembre 11.- Con 82 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó en lo general diversas reformas para tipificar como delincuencia organizada  y hasta riesgos a la seguridad nacional la defraudación fiscal  a través de la compra-venta de facturas falsas.
El dictamen contempla prisión preventiva oficiosa para la defraudación fiscal y su equiparable a través de la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Esta iniciativa va contra los que facturan cerca de 30 millones de pesos para amparar el saqueo que se hace a través de actos inexistentes (…)  Para los políticos que se vuelven delincuentes, para los delincuentes que se vuelven políticos y se disfrazan de empresarios, este es un asunto de justicia tributaria y de equidad fiscal, no vamos a permitir la doble moral”, estableció el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta.
Aunque PAN, PRI y Movimiento ciudadano estuvieron en contra del terrorismo fiscal y de equiparar el contrabando, emisión de facturas falsas y la defraudación fiscal con un delito grave y delincuencia organizada, que amerite prisión preventiva oficiosa,  Morena se impuso y aprobó en lo general ese dictamen.
Además, el senado aprobó que por tratarse de ilícitos que atentan contra el Fisco, se considerarán como amenazas a la seguridad nacional.
Las leyes que se modificaron son:  Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal.
Según el dictamen aprobado se aplicará una pena de hasta 8 años de prisión a quien expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.  Pero, si el daño es al Fisco Federal, la inhabilitación será por un plazo de 20 a 30 años.
Se establece una pena de hasta 9 años de prisión para las personas morales, cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 965 mil dólares o 18 millones 209 mil 870 pesos.
La oposición externó su preocupación por el dictamen y cuestionó su contenido por su validez constitucional y la pretensión de imponer un “terrorismo fiscal”.

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