Edicion : a martes, 22 de mayo de 2018 Edicion Archivada

Opinión


Por : Enrique Vargas Orozco 

Averígüelo Vargas

Una severa crítica hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al gobierno federal, porque advierte que la delincuencia organizada ha avanzado constantemente y cada vez controla mayores espacios del país, sin que destaque la presencia de las autoridades, que no sólo se notan ausentes, sino que son incapaces de contener y mucho menos de eliminar la amenazante presencia de los grupos delincuenciales que actúan contra la población con toda impunidad.
Advirtió la congregación religiosa que “tal parece que esta situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas partes del país, los grupos delincuenciales se han establecido como verdadero dueños y señores de espacio y cotos de poder”.
Advierten en su publicación “Proyecto Global de Pastoral hacia 2031-2033”, que el pueblo mexicano “está herido por una guerra fratricida”, en un escenario que muestra que las autoridades han sido rebasadas por la oleada de violencia e inseguridad.
Sostiene el documento pastoral que muchos mexicanos se “sienten insatisfechos y desilusionados”, porque además advierten los escándalos de corrupción, los salarios estratosféricos de políticos y funcionarios, además de la superficialidad de las plataformas de los partidos, la manipulación del voto y los escasos resultados”.
Además, una gran parte de la población, que podría ser de la mitad o un poco más incluso, padecen situaciones graves de marginación, pobreza y pobreza extrema, sin que existe la posibilidad de que esa desafortunada situación social pueda cambiar en el corto o mediano plazo. 
Desafortunadamente, este análisis y los señalamientos hechos por la cúpula religiosa del país tienen mucho sustento en los hechos que se viven diariamente en México, aunque haya diferencias entre estados, municipios y hasta en las partes de una misma comunidad urbana, porque en algunos la violencia e inseguridad han alcanzado situaciones extremas y desgraciadamente, Guerrero podría ser uno de esos.
Esta situación, que puede calificarse de crisis de seguridad y violencia, no contempla una salida o solución favorable a los mexicanos, porque tanto desde el gobierno como entre los candidatos a presidentes de la República, sólo se hablan generalidades sobre los presuntos proyectos o programas para avanzar en el control de esa situación tan pesada y castrante del trabajo y las aspiraciones de la mayoría de la gente, pues no hay una sólo propuesta lógica, bien integrada, creíble, que contemple la posibilidad de enfrentar este grave problema que se vive en el país.
No hay nadie en esta nación que pueda hablar de seguridad, de tranquilidad y de que existan condiciones para desarrollar los proyectos de negocios, de formas de vida en familia, de desarrollo comunitario y social.
CONDENA GOBIERNO AGRESIONES A CANDIDATOS; DEBE ACLARARLAS Y EVITARLAS. —Ayer, el gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto condenó los atentados contra candidatos en diversas partes del país, que en muchas ocasiones han provocado la muerte de los agredidos, además que rechazó las insinuaciones que desde el Ejecutivo federal se quiera inclinar la balanza en contra o a favor de algunos de los candidatos.
Esa es, claro está, la posición y la actitud que debe mantener el gobierno de la República, de garantizar una posición de neutralidad ante los diferentes candidatos, y aunque eso sea difícil de cumplir, debe ser la norma que rija su conducta en el proceso electoral.
Sin embargo, por lo que hace a los atentados que han sufrido muchos candidatos, no basta con que el gobierno los condene, sino que su trabajo y responsabilidad debe ser evitarlos en todo lo posible, ya que está obligado a garantizar la seguridad a todos los candidatos y a la población en general, además de capturar y enjuiciar a los responsables de los atentados.
Como denuncia el Episcopado, se vive una situación de inseguridad que llega a todos o casi todos los mexicanos, pues no existen condiciones para trabajar y convivir en paz.
Quien hizo estos señalamientos fue el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, quien aseguró que el gobierno asume su responsabilidad en ese sentido, aunque está claro que es mucho lo que le falta para cumplir la obligación de dar seguridad y tranquilidad a los mexicanos.
Demandó el funcionario evitar que las campañas políticas se conviertan en manifestaciones de encono y violencia.
Sin embargo, la inseguridad sale de los grupos criminales, por lo que es a ellos a los que debe combatir para garantizar que los partidos puedan desarrollar sus actividades y facilitar un proceso electoral con las garantías necesarias.
LOS INTEGRANTES DE LA TERNA PARA LA FISCALÍA COMPARECEN ANTE DIRECTIVA DEL CONGRESO. —La terna de aspirantes que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores al Congreso para que se elija entre ellos al nuevo fiscal del estado, se presentaron ayer ante el grupo directivo del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política, que preside Héctor Vicario Castrejón, donde expusieron respondieron a los cuestionamientos de los diputados que integran esa representación.
Los integrantes de la terna son José Balbuena Herrera,  Jorge Zuriel de los Santos Barrila y Salomé Gutiérrez Aguirre, aunque el segundo de ellos casi lo descalificaron porque alguno dijo que era recomendado del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, aunque ese señalamiento no tuvo evidencias de que fuera cierto y sin embargo, de hecho lo marginan por una presunción que carece de bases probatorias.
Ese afán de descalificación no debe tomarse en cuenta, porque puede ser producto de prejuicios políticos de algunos diputados, ya que lo importante debe ser que tenga y muestre las condiciones necesarias para cumplir con el difícil encargo de encabezar la Fiscalía General del Estado, ya que en estos momentos es una institución que debe trabajar al máximo por la difícil situación de violencia delincuencial que se vive en Guerrero.
Seguramente este martes será tomada la decisión del Congreso para designar al nuevo fiscal, lo que se hará a través de una votación en el pleno de la Legislatura, porque, además, se trata de una designación o nombramiento que debe realizarse a la brevedad posible, porque el ambiente de inseguridad y violencia que se ha acentuado en el estado en torno al proceso electoral debe atenderse con premura y en las mejores condiciones posibles.

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