Edicion : a sábado, 21 de abril de 2018 Edicion Archivada

Opinión


Por : Lilia Arellano 

Estado de los Estados

“Derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno”: Thomas Jefferson
Paradójicamente, el principal riesgo para la elección federal de este año es que se desarrollan sin autoridades electorales confiables y creíbles. El INE (Instituto Nacional Electoral) se exhibió con la incorporación de Margarita Zavala como candidata presidencial “independiente” y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) con la de Jaime Rodríguez “El Bronco”. La Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) perdió a su titular, Santiago Nieto, por investigar las “mordidas” de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En suma, no hay autoridades cien por ciento confiables, pues no pasan la prueba de credibilidad ante los electores. A eso deben agregarse los riesgos de posibles ataques de hackers, intromisiones maliciosas y las fake news para tratar de influir en la opinión de los electores.
Los magistrados del TEPJF, quienes aprobaron la inclusión de “El Bronco” en la boleta electoral presidencial, convocaron a conferencia de prensa para culpar al INE de esta decisión, pero reconocieron que avalaron la inclusión del aspirante con base en suposiciones y creyendo que si hubiera continuado la revisión de los apoyos con inconsistencias –que le negó el INE- habría alcanzado las 16 mil firmas que faltaban. José Luis Vargas acusó al INE de haber hecho un trabajo deficiente y cuestionable en la revisión de las rúbricas de apoyo, pues durante la verificación de las enviadas por Rodríguez Calderón se encontró una tasa de error del 8 por ciento. Resaltó que haber tenido una tasa de error del 1.5 por ciento habría sido correcto, pero llegar casi al 10 por ciento muestra un trabajo deficiente.
En la rueda de prensa sólo hablaron Vargas, Felipe Alfredo Fuentes y Mónica Soto. No hicieron uso de la palabra ni la presidenta del TEPJF, Janine Otálara, ni el magistrado Felipe de la Mata, mientras Reyes Rodríguez se ausentó del evento, el cual concluyó con gritos de reporteros y jaloneos con personal de vigilancia del Tribunal Electoral.  Los togados que defendieron su sentencia admitieron que Rodríguez sí tuvo oportunidad de defenderse ante el INE, pero consideraron que lo hizo a ciegas porque la aplicación, que como Tribunal validó en distintas ocasiones, no guardaba un registro de las firmas que le permitieran hacer un contraste de información. Explicaron que con base en la suposición de que las firmas apócrifas que “El Bronco” no revisó pudieran ser válidas y que la campaña electoral ya está avanzada decidieron ordenar su registro como candidato presidencial.
A su vez, el INE estableció que, por protección de datos personales, los apoyos ciudadanos no eran guardados en los teléfonos móviles de los aspirantes auxiliares. La consejera Pamela San Martín, sostuvo en una entrevista que de las sentencias que ha emitido el TEPJF relacionadas con candidatos independientes, se desprende el trato privilegiado que recibió Jaime Rodríguez Calderón, a quien se eximió del cumplimiento del umbral de apoyos y de la acreditación de la legitimidad de las firmas entregadas. “Esta decisión no abona a la credibilidad, en un contexto de desconfianza a las instituciones”, subrayó la consejera.
CASO IGUALA, INCONCLUSO Y PENDIENTE
Integrantes del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) destacaron la necesidad de ampliar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014, tras la revelación de conversaciones entre narcotraficantes de Guerreros Unidos (GU) de Chicago e Iguala. A su vez, la diputada de Morena, Araceli Damián, demandó a la PGR (Procuraduría General de la República) pedir de inmediato al gobierno de Estados Unidos la posibilidad de interrogar a los líderes del grupo delictivo GU para poder ubicar a los estudiantes desaparecidos.
Conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de GU con sicarios de Iguala, interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un  juez, forman parte de un expediente judicial con el que se procesa a ocho operadores de esa organización criminal en Chicago. Está detenidos en un cárcel de Illinois por tráfico de drogas y no han sido interrogados por los hechos de Guerrero. Las comunicaciones están en poder de la PGR y una parte de ellas fueron compartidas en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo a esas conversaciones, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala habrían sido desaparecidos entre 50 y 60 personas y no 43; hubo seis muertos más y policías de ese municipio, de Cocula y Huitzuco quienes participaron en auxilio de sicarios de GU. Jefes de esta organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado.
Junto a la agresión de GU a los estudiantes de Ayotzinapa movilizados en Iguala, ocurrió un enfrentamiento armado con un grupo de Los Rojos en el que hubo por lo menos seis muertos. GU creyó Los Rojos pretendían tomar la plaza de Iguala y supusieron la movilización estudiantil era parte de la operación rival. Los jefes de Chicago tienen versiones diferentes del número de desaparecidos e ignoran su paradero.
La diputada Aracelí Damián consideró existen elementos para que la PGR amplíe sus indagatorias sobre el trasiego de droga en Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, porque ello podría ayudar a encontrar a los normalistas. “La información dada a conocer ayuda a tener más claridad sobre lo que el gobierno federal no ha hecho en la investigación. Desde hace tiempo las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes planteaban analizar el tráfico de drogas a Chicago… La participación de policías es algo que el gobierno no ha querido colocar en la investigación, porque entonces habría desaparición forzada”, resaltó.
El ex gobernador Ángel Aguirre y su procurador, Iñaki Blanco, deben ser investigados por la PGR, consideró la legisladora de Morena, integrante de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, quien declaró: “Por lo visto saben quién, saben dónde están los jóvenes, pero como no hay cuerpo del delito…”. Añadió que en sus omisiones, la PGR no ha querido indagar más sobre la participación de policías federales y se ha omitido que el Ejército no hizo nada mientras en la entidad desaparecían decenas de personas.
Carlos Beristáin, integrante del GIEI, indicó: “ahora tenemos más pruebas de lo que ya sabíamos, que hay que investigar todo el involucramiento del aparato del Estado en el caso, que es lo que aparece en las conversaciones… No se habla del destino de los jóvenes desaparecidos. Entonces, no es para cerrar el caso ni para volver a la versión del basurero”.
A su vez, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, afirmó: “el tema es ¿qué otras autoridades están involucradas? ¿Qué otro nivel de autoridades están en las demás grabaciones? Y, sobre todo, que una persona controle todo desde Chicago, una actividad de estas dimensiones en México, llama mucho más a seguir investigando”. Y agregaríamos la interrogante: ¿quién le dicto a Murillo Karam la versión “La Verdad Histórica”? ¿Los capos de aquí, los del vecino, juntos, o las autoridades federales y militares involucradas?
En México hay un registro de más de 36 mil personas en situación de “no localizadas”; la mayoría corresponden a casos pendientes por esclarecer en las procuradurías y fiscalías estatales, y poco más de un millar están en el ámbito de la PGR. Al inicio del actual sexenio dicho registro se ubicaba en alrededor de 23 mil expedientes. Faltan de considerar los no denunciados y, obviamente, los acumulados durante los meses faltantes para el final del sexenio.

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